¿Se termina el monopolio inmobiliario?
En un contexto de recuperación del mercado inmobiliario argentino, un proyecto de ley ingresado en el Congreso Nacional reaviva un intenso debate: ¿debe seguir siendo obligatorio contar con matrícula y título universitario para ejercer como corredor inmobiliario? La iniciativa, impulsada por el diputado del PRO Alejandro Bongiovanni, propone una transformación radical de la legislación vigente, en línea con la política de desregulación que promueve el gobierno de Javier Milei.
¿Qué propone la Ley de Libertad Inmobiliaria?
El texto busca modificar la Ley 20.266, sancionada en 1973, eliminando varios de los requisitos actuales para ejercer la actividad inmobiliaria en el país. Los cinco puntos clave del proyecto son:
- Fin de la matrícula y título obligatorio: cualquier persona podría operar como corredor sin necesidad de estar colegiado ni tener estudios universitarios.
- Libre ejercicio nacional: se eliminarían las restricciones geográficas, permitiendo operar en cualquier parte del país.
- Eliminación de sanciones por no estar matriculado: hoy, operar sin matrícula puede derivar en multas y clausuras.
- Fin de los aranceles mínimos: se dejaría atrás la fijación de honorarios por parte de los colegios profesionales.
- Apertura a certificaciones privadas: habilitando que el prestigio reemplace la obligatoriedad.
Los argumentos a favor: menos trabas, más competencia
Referentes como Mariano García Malbrán, presidente de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI), celebraron la iniciativa por entender que la colegiación actual crea “mercados cautivos” y encarece los servicios para el consumidor. Según su visión, el sistema vigente privilegia intereses corporativos y genera barreras de ingreso para nuevos actores.
Desde el mundo tech, Jorge Amoreo Casotti, CEO de la proptech PINT, afirmó que la idoneidad se demuestra con resultados, no con títulos. Considera que la experiencia y la confianza valen más que la matrícula, y que la competencia libre podría elevar la calidad general del servicio.
Ambos coinciden en que la seguridad jurídica no depende del corredor, sino del escribano público, quien certifica legalmente las operaciones de compraventa.
Las críticas: el riesgo de desproteger al consumidor
La Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), presidida por Nancy Vieitez, rechazó rotundamente el proyecto. Argumentan que permitir que cualquier persona sin formación intervenga en operaciones inmobiliarias abre la puerta a fraudes, negligencia e informalidad.
Luis Colao, presidente del Colegio de Martilleros de la Provincia de Buenos Aires, fue aún más enfático: citó fallos de la Corte Suprema que reconocen a la actividad como profesional e indelegable. Sostiene que la matrícula no es un privilegio sino un mecanismo de control para proteger a los consumidores.
Además, niegan que las matrículas tengan costos desmedidos en todas las jurisdicciones: en Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el costo anual es de aproximadamente $620.000, incluyendo aportes jubilatorios.
Propuestas alternativas: modernizar sin desregular
La CIA presentó opciones superadoras al proyecto de Bongiovanni, como:
- Crear un Registro Nacional de libre jurisdicción, permitiendo operar en todo el país con estándares unificados.
- Implementar un sistema MLS (Multiple Listing Service) nacional para compartir listados y garantizar transparencia.
- Legalizar la figura del auxiliar inmobiliario supervisado.
- Habilitar la inscripción como monotributistas para reducir la informalidad.
Un debate con impacto real
Este proyecto no se da en el vacío. En mayo de 2024, la ciudad de Buenos Aires y la provincia alcanzaron récords históricos de escrituras: más de 17.000 operaciones, según datos de la Bolsa de Comercio. El auge inmobiliario reactivó el interés por ingresar al rubro, y las nuevas tecnologías ya empujan cambios en los modelos de negocio.
El Congreso será el escenario donde se enfrenten dos visiones opuestas: una que busca dinamizar el sector mediante la libertad de mercado, y otra que aboga por mantener un sistema profesional regulado.
Conclusión: libertad, ¿a qué costo?
El futuro del mercado inmobiliario argentino podría cambiar drásticamente si se aprueba esta ley. Lo que para algunos es una oportunidad de apertura y modernización, para otros representa un retroceso en calidad, ética y seguridad para los consumidores. Lo cierto es que, más allá de posturas, la discusión está instalada y afectará a miles de trabajadores, inversores y ciudadanos de todo el país.
