El gobierno argentino, encabezado por el presidente Javier Milei, ha presentado una propuesta para desregular el mercado inmobiliario. Esta iniciativa busca eliminar la obligatoriedad de la colegiación para ejercer como corredor inmobiliario, permitiendo que nuevos agentes ingresen al mercado tras una capacitación, pero sin necesidad de matricularse en colegios profesionales. El objetivo es fomentar la competencia y reducir los costos en las operaciones inmobiliarias. Sin embargo, esta propuesta ha generado diversas reacciones entre los profesionales del sector y los consumidores.

Detalles de la Propuesta
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, lidera esta reforma que podría oficializarse en los próximos 45 días mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). La iniciativa pretende desburocratizar la industria inmobiliaria, que ha mostrado signos de reactivación en los últimos meses. En 2024, se registraron casi 55.000 operaciones inmobiliarias en la Ciudad de Buenos Aires, un incremento del 35% respecto a 2023, y el mejor desempeño desde 2018.
No obstante, la implementación de esta desregulación enfrenta desafíos legales, ya que la regulación de la profesión es potestad exclusiva de las provincias, según la Constitución Nacional. Esto implica que cualquier modificación requeriría la colaboración y aprobación de las jurisdicciones provinciales.
Reacciones del Sector Profesional
El Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de la República Argentina (COFECI) ha expresado su preocupación ante la posible desregulación. En un comunicado, advirtieron que la eliminación de la matriculación obligatoria podría derivar en una menor oferta de alquileres y un aumento en los valores locativos. Además, señalaron que los colegios profesionales desempeñan un papel fundamental en el control de la matrícula y la ética profesional, asegurando que las operaciones inmobiliarias se desarrollen con transparencia y confianza. Según el presidente de COFECI, Carlos Spina: “La desregulación sin control podría generar un mercado aún más desordenado, perjudicando principalmente a los inquilinos.”
Por otro lado, algunos sectores consideran que la desregulación podría dinamizar el mercado, facilitando el acceso a nuevos actores y promoviendo una mayor competencia. Sin embargo, existe incertidumbre sobre cómo se implementarán estos cambios y cuál será su impacto real en el mercado inmobiliario.

Impacto en el Mercado y en los Consumidores
La experiencia internacional ofrece perspectivas sobre los posibles efectos de la desregulación. Por ejemplo, en 2024, Argentina eliminó los controles de alquileres bajo la administración del presidente Javier Milei, lo que resultó en un aumento del 170% en la oferta de propiedades en alquiler en Buenos Aires y una reducción del 40% en los costos reales de alquiler ajustados por inflación. No obstante, los críticos argumentan que estas reformas también han generado dificultades económicas para ciertos sectores de la población, especialmente los de menores ingresos.
En el contexto actual, la propuesta de desregulación podría tener efectos similares, aumentando la oferta y potencialmente reduciendo los costos. Sin embargo, también existe el riesgo de que la falta de regulación adecuada conduzca a prácticas poco éticas o a una menor protección para los consumidores. Es esencial considerar mecanismos que garanticen la transparencia y la seguridad en las transacciones inmobiliarias.

La propuesta de desregulación del mercado inmobiliario en Argentina ha generado un intenso debate entre profesionales del sector y consumidores.
Mientras algunos ven en la iniciativa una oportunidad para dinamizar el mercado y reducir costos, otros advierten sobre los riesgos asociados a la falta de regulación y supervisión. Como expresó la economista Mariana Sánchez: “Un mercado inmobiliario sin regulación puede ser más flexible, pero a costa de la seguridad jurídica que tanto necesitamos.” La implementación de esta reforma requerirá un equilibrio cuidadoso entre la promoción de la competencia y la protección de los derechos de todas las partes involucradas.